De las armas a las urnas
Alejandra Echeverri Garzón
Según el abogado Mendieta,
la decisión final la tienen en sus manos los colombianos quienes a través de un
referendo decidirán si aprueban o no lo acordado en los diálogos de paz,
incluyendo la participación política de los futuros desmovilizados.
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Alejandra Echeverri Garzón
La participación política de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) es uno de los puntos que
se está discutiendo en los diálogos de paz que se realizan actualmente en La
Habana, Cuba, entre este grupo guerrillero y el Gobierno de Colombia.
Nuevamente, el pueblo
colombiano se encuentra ante una de las situaciones más difíciles de afrontar
cuando se realiza un proceso de paz: aceptar la participación política por
parte de los grupos armados al margen de la ley, en este caso, la de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Sea cual sea la opinión de
cada ciudadano, el Congreso de la República está reformando la Constitución
Política para incorporar unos mecanismos
que permitan dicha participación, teniendo en cuenta que también haya cierto
grado de justicia con las víctimas.
El Marco Jurídico para la
Paz (también conocido como Marco Legal para la Paz) es uno de estos mecanismos,
el cual según David Mendieta González, abogado especialista en Derecho
Constitucional y docente de la Universidad de Medellín, “es una serie de
herramientas que buscan establecer parámetros de negociación y reincorporación
de grupos guerrilleros al contexto social”.
Este marco jurídico está
muy relacionado con otro concepto conocido como Justicia Transicional definido
por el profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de
Antioquia, William Fredy Pérez Toro, como “un mecanismo que se establece en las
sociedades o en los países que han sufrido conflictos armados y quieren
transitar hacia situaciones de paz”.
El abogado Mendieta afirma
que el Marco Jurídico para la Paz se encuentra instaurado en los artículos
transitorios (aquellos que tienen una vigencia momentánea o temporal) 66 y 67
de la Constitución Política de Colombia en el Acto Legislativo 01 de 2012.
Este Acto Legislativo se
encuentra en la página web de la Corte Constitucional y dentro de él está el
artículo transitorio 66 el cual dice que el objetivo final de la Justicia
Transicional es “facilitar la terminación del conflicto armado interno y el
logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de
seguridad para todos los colombianos; y garantizarán en el mayor nivel posible,
los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”. Mientras
tanto, el artículo transitorio 67 afirma que no podrán participar en política
ni ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por crímenes de
lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática.
Aceptar
o rechazar: el gran dilema
La encuesta ¿Qué piensan los
colombianos sobre el proceso de paz? realizada por la Universidad de los Andes
y Barómetro de las Américas durante los meses de agosto y septiembre del año
2013 y publicada en la revista Semana reveló que “el 54 por ciento de la gente
apoya la salida negociada, más del 76 por ciento de los encuestados rechaza que
los guerrilleros desmovilizados participen en política y casi la mitad no
aceptaría el resultado si uno de ellos gana las elecciones en su región”
En ese porcentaje de los
que rechazan dicha participación se encuentran personas como el procurador
general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, quien en una intervención de
15 minutos ante la Corte Constitucional aseguró que “avalar la participación
política de las Farc es enviar un mensaje de impunidad”. Esto mismo piensa
Geiner David Quintero Hincapié, un joven de 19 años que en 1999 fue víctima del
conflicto armado en El Bagre, Antioquia: “Sí, es una impunidad y no estoy de
acuerdo con que no paguen por sus delitos”. A pesar de su inconformidad,
Quintero es consciente de que ellos no se entregarán ni bajarán sus armas para ir
a pagar: “aunque no estoy de acuerdo con la impunidad, hay que ser sinceros: dejarlos
libres de sus cargos ayuda al proceso de paz”
Ordoñez y Quintero, no
tienen mucho en común, pues el primero posee un gran cargo de poder público en
Colombia, es decir, es una persona prestigiosa del país y, el segundo es un
joven que pertenece al rango entre los 4,9 y 5,5 millones de personas que,
según un informe del Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno publicado
en el periódico El Tiempo, han sido víctimas de desplazamiento forzado en
Colombia pero que lucha día a día por salir adelante en este país donde por más
de 50 años ha reinado la violencia. Tal vez, lo único que comparten es su
opinión acerca de que pagar con cárcel es sinónimo de hacer justicia.
Por su parte, Jaime Rafael
Nieto López, profesor del departamento de Sociología de la Universidad de
Antioquia opina que sí está de acuerdo con que este grupo al margen de la ley
participe en política, siempre y cuando dejen las armas. Además, afirma que “lo
que ha fracasado con las Farc es el modelo de hacer política armada”.
Igualmente, el
abogado Mendieta considera importante que las Farc participen en política, con
la condición de que su discurso deje de
ser armado, y se vaya al Congreso a través de ideas, de propuestas a través de
votos: “siempre será mucho mejor la lucha democrática con ideas y con conceptos
que la lucha armada”.
Penas alternativas: otras metodologías
de sanción
Ninguna negociación en el
mundo ha terminado con los agentes guerrilleros en la cárcel porque como lo
asegura el profesor Pérez Toro “ningún actor enfrentado en un conflicto armado estaría
dispuesto a desmovilizarse o reintegrarse a una sociedad para ir directo a la
prisión pero tampoco ninguna sociedad estaría dispuesta a que ese actor que se
desmoviliza y se integra no responda por las cosas que hizo”.
Por eso, para que haya
cierto grado de justicia con las víctimas y para que los guerrilleros no tengan
que ir a la cárcel, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, propuso
dos penas alternativas diferentes a la privación de la libertad: la primera es
que las Farc desminen el país y la segunda que realicen trabajo social
comunitario. Estas propuestas las hizo en un debate titulado Víctimas, derecho
a la verdad, justicia y reparación realizado el pasado 29 de abril en Bogotá.
Pero no es la primera vez
que en Colombia se hace la propuesta de que los agentes que participen en un
proceso de paz y se desmovilicen no paguen con cárcel por sus delitos. Este
hecho también ocurrió durante el acuerdo de paz entre las Autodefensas Unidas
de Colombia (Auc) y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez a partir del año 2002
bajo un proyecto de ley alternatividad penal presentado por este presidente
para que no se les privara de la libertad. Según el abogado Mendieta,
finalmente esta ley no fue aprobada porque “la Corte Constitucional consideró
que era inconstitucional (iba en contra de lo que dice la Constitución)”
Ideología de las Farc: Más allá de las
armas
Las Farc persiguen una
ideología conocida como marxismo-leninismo que es una doctrina política inspirada en Karl Marx (impulsor del
socialismo) y Vladimir Lenin. El profesor Nieto López, quien además de ser
docente pertenece al grupo de investigación Cultura, Política y Desarrollo
Social, afirma que las Farc no son unos delincuentes sino un actor político
armado que se “inspiran en un discurso de justicia social, igualdad y
democracia”.
Pero en un artículo
publicado por el medio de comunicación Periodismo sin fronteras titulado: Farc,
guerrilla marxista leninista se enuncia que “sus actos criminales son una
prueba de la pérdida o desviación de su ideología”
No se sabe si han perdido
su ideología o no pero lo cierto es que esta no sería la primera vez que las
Farc participarían en política. También lo hicieron durante los acuerdos de paz
llevados a cabo bajo el gobierno del presidente Belisario Betancur Cuartas. En un
artículo de la revista Le Monde
diplomatique titulado Vida y muerte de la Unión Patriótica de Colombia del
año 2005 se puede leer que ante las exigencias por parte de las Farc de
organizarse política, económica y socialmente se “dio lugar al surgimiento del
movimiento político Unión Patriótica (UP), en mayo de 1985, un año después del
comienzo de la negociación”.
El mismo artículo señala
que “diversos actos de violación de los acuerdos condujeron al fracaso de la
negociación” lo que hizo que la guerrilla volviera a sus zonas de influencia
pero sin que la UP saliera del espacio público. Todo esto condujo a que muchos
de los pertenecientes a este partido político fueran asesinados a partir del
año 1985.
Pero las Farc no han sido
el único grupo armado que ha tenido un partido. Lo mismo pasó con el grupo
guerrillero Movimiento 19 de Abril (M-19) pero a estos tampoco les fue muy bien
ya que como lo afirma la página web Congreso Visible "para la contienda electoral de 1990
tenían como candidato a la presidencia a Carlos Pizarro, pero éste fue
asesinado el 26 de abril de 1990 dentro de un avión en pleno vuelo, al parecer
por sicarios a órdenes de las mafias del narcotráfico”
Por estas razones, en uno
de los textos acordados por en los diálogos de La Habana publicados en El
Tiempo el pasado 24 de septiembre se puede ver que lo que las Farc piden son
garantías para el ejercicio de la oposición porque no quieren que se repita lo
ocurrido con la Unión Patriótica.
Hay que recordar que las
Farc adelantan diálogos de paz en La Habana con el gobierno del presidente Juan
Manuel Santos desde noviembre de 2012, en los que las partes debaten
actualmente el punto sobre víctimas tras llegar a acuerdos sobre desarrollo
rural, participación política y drogas ilícitas.
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